Columna de opinión

REFLEXIONES SOBRE UN FALLO DE LOS QUE FLORECEN BREVE Y AISLADAMENTE EN LOS PAÍSES DEPENDIENTES

Por Eduardo José Cárdenas

1. Hace pocos días el Dr. Roberto Parajón, juez de familia de la ciudad de Paraná, a pedido del Ministerio Público de esa ciudad dictó una medida precautoria que beneficia a una familia con tres hijas menores, una de ellas desnutrida. Frente a la desocupación y la ausencia de otras ayudas, un supermercado tiene obligación de entregarles $190 en mercadería de primera necesidad todas las semanas; el gobierno provincial debe reembolsar esa suma al supermercado, y en caso de no hacerlo éste puede descontarla de los impuestos. [1]

La sentencia del juez Parajón tiene las características del acto de justicia. Le da al ciudadano, y en especial al niño menor de edad, lo que por ley (y en especial por la Convención Internacional de los Derechos del Niño) le toca. Pero a diferencia de otros fallos más o menos recientes, lo hace con prudencia: otorga lo suficiente pero no más que eso, atendiendo sin duda a la realidad objetiva del país y sus limitaciones. Es justo que en Argentina no haya niños desnutridos, pero quizás no sea justo otorgarle (como ha sucedido) a un solo niño centenas de miles de pesos para realizar un costosísimo tratamiento: el derecho a la vida, al desarrollo y a la salud no deben entenderse como absolutos sino que deben ser contextualizados en el país y el momento.

Otra característica del fallo es su coraje. No se limita a ordenarle al Estado que atienda la necesidad de esos niños. Instrumenta directamente los medios para hacerlo. Y esto, sabiendo que meterse con el derecho de propiedad y ubicarlo en el lugar que corresponde, es meterse con vacas sagradas. [2]

2. Detrás de la polémica que el fallo despertó se encuentra la siguiente pregunta: los derechos humanos que el liberalismo enunció, proclamó y ensanchó ¿pueden ser tan directamente operativos que terminen cambiando la entera estructura social?

Porque, en efecto, esto es lo que se oye bajo los comentarios de los sorprendidos lectores no profesionales y hasta de los pobrísimos vecinos de la familia beneficiada [3]: “No puede privilegiarse así a sólo una familia carenciada. Si ella tiene derecho, ese mismo derecho lo tienen todas las que están en su condición. Pero si se les acuerda a todas, ni las arcas privadas ni las del Estado resistirían. ¿En qué terminaría esto?”

En los Estados Unidos de Norteamérica, el activismo judicial ha sido el origen de muchas reformas perennes. Señalaré, por haberla estudiado con cierto rigor, las que se refieren al tratamiento de las personas con perturbaciones mentales. Fueron los fallos de los jueces, basados en el respeto a los derechos constitucionales, los que abrieron las puertas de la cascada de transformaciones en las instituciones de salud mental, producidas a partir de los años ’60. [4]

En materia de menores de edad, se ha fulminado de nulidad presupuestos estaduales que ostensiblemente dejarían de lado la satisfacción de sus derechos fundamentales. Y así los ejemplos podrían multiplicarse.

Entre nosotros, autores importantes como Germán Bidart Campos y Eduardo Zaffaroni no sólo han insistido en la operatividad directa de los derechos fundamentales que se encuentran en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales a ella incorporados (punto en que, por lo demás, todos están de acuerdo) sino que han manifestado también su esperanza cuando no su abierto deseo de que las esperadas reformas sociales vengan de la mano del estricto respeto de los derechos humanos.

Ahora bien, si la sentencia comentada tiene características que la hacen susceptible de alabanza, a reglón seguido deberíamos preguntarnos concretamente qué sucedería si, al ser confirmada por un Tribunal Superior, otras familias pidiesen lo que el juez le otorgó a la accionante. Situaciones como ésta representan en nuestro país un porcentaje muy importante de la población total.

A corto y mediano plazo sería de esperar una debacle; a largo plazo, si el sistema judicial insistiera y el institucional se sostuviese, quizá éste podría programar un sistema económico social más solidario, igualitario y justo.

Pero éstas son sólo ideas, porque precisamente en los países como el nuestro, de crecimiento dependiente e inarmónico, los sistemas judiciales son débiles y poco aptos para enfrentar al poder. El liberalismo ha reconocido muchos derechos a los simples ciudadanos, pero el acceso de éstos a la justicia les está casi vedado, precisamente en los lugares donde es imprescindible tenerlo para que esos derechos tengan efectiva vigencia.

Fallos como el que comentamos son flores aisladas y tienden a morir rápido. Razón de más para apreciarlos, analizarlos y recordarlos. [5]

Notas

[←1]

Diario La Nación del 11 de julio de 2002, página 15.

[←2]

Sobre porqué y cómo, según Aristóteles, la fortaleza integra necesariamente el acto de justicia, conf.  Eduardo José Cárdenas y Pedro Herscovici, Opciones Limitadas: enferma mental o prostituta, Revista Interdisciplinaria de Derecho de Familia.

[←3]

Véase La Nación del 12 de julio de 2002, pág. 15.

[←4]

Eduardo José Cárdenas, José Atilio Álvarez y Ricardo Grimson, Juicio de insania e internación psiquiátrica, ed. Astrea, Buenos Aires, 1985.

[←5]

Lo que contaré sobre el juez Roberto Parajón corrobora lo dicho en el texto.

Durante muchos años me dediqué a entrenar a los jueces de familia del país y a sus equipos interdisciplinarios. Roberto Parajón, de Paraná, y su juzgado, fueron siempre de los mejores por su vocación, su brillantez y su valentía. Pero al igual que los demás jueces de familia de Entre Ríos, siempre estuvo en su cargo interinamente, nunca fue confirmado en él.

Cuando se dio a conocer el fallo, el diario La Nación del 11 de julio publicó un comentario equilibrado y encomioso del Dr. Atilio A. Alterini (Repensar el papel del Estado, pág. 15). El día 12, una nota del mismo diario (pág. 15) insinuaba que el pronunciamiento estaba motivado en el afán de Parajón de no ser desplazado como juez, porque en esos días a una abogada le había sido dado el acuerdo del Senado para asumir en su Juzgado. A la malevolencia de los hechos se sumaba la de su interpretación periodística...

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